La
Comisión Europea, que ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa.
Se encarga de proponer legislación, aplicar las decisiones comunitarias,
defender los tratados de la Unión y en general se ocupa de los asuntos diarios
de la Unión. Opera de manera independiente a los Gobiernos nacionales y
representa y defiende los intereses de la Unión.
En
este sentido, de acuerdo a lo publicado por el diario El País de España, la
Comisión Europea obligará a las marcas a tener repuestos hasta 10 años después
de la venta, con el fin de adoptar medidas encaminadas a frenar la obsolescencia
programada (ver Fabricados para no durar) de los electrodomésticos a fin de
reducir el impacto ambiental que producen sus desperdicios, entre otras
medidas.
En
el artículo: Los electrodomésticos tendrán que durar más y gastar menos,
podemos leer:
“Los últimos coletazos de la actual Comisión Europea dejan iniciativas apegadas al anunciado espíritu verde del próximo ejecutivo de Ursula Von der Leyen. Bruselas ha anunciado este martes la adopción de nuevas normas encaminadas a favorecer el alargamiento de la vida útil de los electrodomésticos, su menor impacto ambiental y el ahorro económico para los ciudadanos. Para alcanzar ese triple objetivo, pondrá en marcha una batería de nuevas obligaciones para los fabricantes: las piezas de recambio de las neveras deberán estar disponibles un mínimo de siete años después de que el consumidor compre el aparato y 10 años en el caso de lavadoras y lavavajillas, que además deberán utilizar menos agua. (…) Los consumidores valoran la medida, pero la consideran insuficiente por ser un paso en el derecho a que te reparen, pero no en el derecho a reparar.La propuesta, que entrará en vigor en 2021, trata de evitar que los usuarios acaben tirando a la basura productos susceptibles de seguir funcionando por la ausencia de repuestos o herramientas para arreglarlos. La secuencia es familiar en muchos hogares: una vez se produce el deterioro y el cliente busca una solución, se topa con que el componente ya no existe en el mercado, lo que le empuja a tirar el aparato y adquirir uno nuevo. (…)”
En
Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240 y su reglamentación,
Decreto N° 1.798/94 es la encargada de defender los derechos de los
consumidores, en este sentido, nada dice respecto a este tema que se está
debatiendo en Europa, y este vacío legal también le produce a los consumidores
una innumerable cantidad de problemas, a juzgar por la cantidad de reclamos que
se originan en la falta de repuestos y servicio técnico, de una gran cantidad
de aparatos electrónicos nuevos y una amplia gama de maquinaria industrial. Los
modelos cambian vertiginosamente, y cuando aparecen los nuevos modelos, también
se produce la escasez de repuestos de los modelos obsoletos, la imposibilidad
de reparación de dichos productos, y en muchos casos la ausencia del servicio
técnico adecuado que solucione el problema, la solución siempre pasa por la compra
de un nuevo artefacto. Esta práctica es denunciada por muchos usuarios a las
distintas asociaciones que protegen a los consumidores.
Nos quedan las siguientes preguntas:
¿Tomaremos conciencia del problema que presenta la obsolescencia programada?
¿Cómo repercutirá la batalla contra la obsolescencia programa en los precios de los productos y en el desarrollo de nuevos productos?
¿Lograremos reducir la basura electrónica, producida por la obsolescencia programada, para el mejoramiento del ambiente?
¿Podremos regular la obsolescencia programada en nuestro país?
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