Ayer presentamos un artículo
referido a la Reforma laboral, ahora trascribimos una nota publicada en el
portal Chequeado, necesaria para seguir analizando el tema. Leemos en el
artículo:
¿Qué cambia con la reforma
laboral? Una por una, las modificaciones que aprobaron los senadores
(…) ¿Cómo impactarán estas
modificaciones en la definición de los salarios, las indemnizaciones, las
vacaciones, las horas extra y el derecho a huelga?
Salarios en pesos o en dólares
El proyecto permite que los
salarios puedan ser abonados en moneda extranjera de manera opcional. La
versión original, que obtuvo dictamen de mayoría en comisiones, habilitaba a
los trabajadores a recibir el pago en billeteras virtuales, pero esto fue
descartado antes del debate en el recinto, en negociación con otros bloques
parlamentarios.
Además, se incorpora el
concepto de “negociación dinámica” del salario: esto significa que los
sindicatos (o un trabajador particular) podrán acordar con la empresa ingresos
extra (como bonos, premios o compensaciones) al salario de convenio, atados a
niveles de productividad o el cumplimiento de ciertos objetivos.
Indemnizaciones con topes de
actualización
De prosperar el proyecto, las
indemnizaciones serían más bajas que las actuales, ya que se excluye del
cálculo al aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros beneficios que no
sean de pago mensual.
Además, el proyecto dispone
que las indemnizaciones dispuestas en juicios laborales se actualizarán por
inflación más un plus del 3% anual. Actualmente, la actualización queda a
consideración de cada juez. Las grandes empresas podrán pagar las sentencias condenatorias
por juicios laborales en hasta 6 cuotas, mientras que las PyMES tendrán hasta
12 cuotas mensuales.
El proyecto crea el Fondo
de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo similar al fondo de cese creado
por la Ley Bases.
En este punto también hubo
cambios respecto del proyecto original, que establecía que el fondo se
financiaba, entre otros fuentes, mediante el aporte de los empleadores del 3%
del salario de los trabajadores a una cuenta de inversiones destinada a ser
utilizada para el pago de indemnizaciones. Con los cambios anunciados, las
grandes empresas deberán aportar el 1% y las PyMES, el 2,5%. Esos porcentajes
podrán elevarse al 1,5% para el primer grupo y al 3% para el segundo.
El FAL será optativo
(quienes deseen podrán continuar con el sistema actual), y en caso de que el
fondo no alcance para pagar el total de la indemnización, el empleador deberá
afrontar la diferencia. El aporte del 1% para las grandes empresas y del 2,5%
para las PyMES se compensará con descuentos en el pago de cargas sociales, lo
cual impactará en el sistema de previsión social.
Vacaciones fraccionadas
El proyecto oficial modifica
la Ley de Contrato de Trabajo y permite que las vacaciones se fraccionen por
un mínimo de 7 días. Además, mantiene la cláusula que obliga a las empresas
a que, ante vacaciones rotativas, le otorguen a cada trabajador al menos un
período de verano cada 3 años.
Se crea un “banco de horas”
La iniciativa oficial crea
un mecanismo de banco de horas, que permite que las horas
extra trabajadas por un empleado se acumulen como un saldo a favor del
trabajador para ser compensadas con días libres o jornadas de trabajo reducidas.
En la ley actual, las horas
extra deben ser pagadas obligatoriamente con un plus del 50% para los días
normales y del 100% los feriados y fines de semana. El proyecto mantiene esta
posibilidad, pero suma el banco de horas como otra opción.
Derecho a huelga: los
servicios esenciales
La propuesta retoma lo que
había propuesto el Ejecutivo en el DNU 70/2023, dictado por Milei a pocas
semanas de asumir como presidente y luego declarado inconstitucional por la
Justicia.
El proyecto enumera una
serie de “servicios esenciales” que no pueden brindar una prestación menor al
75% de su funcionamiento normal. La ley actual sólo
considera esenciales a la salud, la producción y distribución de agua potable,
energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
El proyecto incorpora las
telecomunicaciones; la aeronáutica comercial, el control de tráfico portuario;
los servicios aduaneros y migratorios; y la educación en todos sus niveles
(salvo universitario). En los cambios anunciados antes del debate en el recinto
se incorporaron el cuidado de menores, la educación de niveles guardería,
preescolar, primario y secundario y la educación especial; el transporte de
caudales; los servicios de seguridad y custodia y la aclaración de que las
fuerzas de seguridad no pueden prestar un servicio menor al 100%.
Por otro lado, crea una
categoría de “servicios de importancia trascendental”. Estos servicios no
pueden brindar una prestación menor al 50% de su funcionamiento normal y el
listado es mucho más amplio: la industria de medicamentos, el transporte de
pasajeros y mercadería, la radio y televisión, industrias como siderurgia,
aluminio, química, cementera, alimenticia, construcción, aeropuertos, minería,
frigoríficos, correos, agro, bancos, hotelería, gastronomía, comercio
electrónico, entre otros.
Sindicatos: asambleas con
autorización
La reforma no sólo establece
modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo sino también en la Ley de
Asociaciones Sindicales. Establece que las asambleas de personal y los
congresos de delegados no pueden afectar el normal desarrollo de la empresa y
deben contar con autorización del empleador, y que el trabajador no cobrará por
ese tiempo.
Además, tipifica como
infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de fábricas y el afectar la
libertad de trabajo de quienes no adhieran a un paro; pero pospone la
magnitud de las sanciones a reglamentaciones posteriores. Además, se
habilita el otorgamiento de personería gremial a sindicatos de empresas cuando
sus afiliados superen por al menos 6 meses a los del sindicato preexistente.
Fin de la “ultraactividad”
El proyecto de ley elimina
el concepto de “ultraactividad”, que permite que un convenio colectivo de
trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que
se negocie uno nuevo. Si se aprueba el proyecto, una vez vencidos los
convenios perderán vigencia, a excepción de las normas referidas a las
condiciones de trabajo.
Bajo la legislación actual,
un convenio colectivo siempre prevalece sobre los convenios inferiores (el
acordado en una empresa particular), salvo que éstos sean más favorables para
el trabajador. La propuesta oficial, sin embargo, dispone que los convenios de
ámbitos menores siempre serán superiores a los colectivos, aunque fueran menos
beneficiosos para los empleados.
Promoción del trabajo formal
y blanqueo laboral
El proyecto de ley oficial
crea un régimen de incentivos para quienes contraten a trabajadores en blanco. La
medida tendrá un año de vigencia, y establece que aquellas empresas que
contraten a personas desempleadas, monotributistas o ex empleados públicos y
aumenten la nómina de empleados, tendrán durante los primeros 4 años descuentos
en el pago de las contribuciones patronales.
Por otro lado, se establece
un régimen de blanqueo para los empleadores que cuenten con trabajadores no
registrados. El mismo contempla, por un plazo de 6 meses, la extinción de la
acción penal por evasión; la condonación de multas y un porcentaje de la deuda
por aportes; y el pago de deuda hasta en 72 cuotas.
Los sueldos durante las
licencias por enfermedad
El artículo 44 de la
propuesta aprobada por el Senado establece que, “en caso de sufrir un accidente
o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas
del contrato de trabajo, y que impida dicha prestación”, el trabajador tendrá
derecho a percibir el 50% del sueldo que percibía al momento del accidente
durante 3 meses si no tuviera personas a cargo, o 6 meses si las tuviera. Si la
imposibilidad de trabajar no resultara de una acción voluntaria y riesgosa, el
trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos.
Además, agrega que el
trabajador debe presentar un certificado médico emitido por un profesional
habilitado para justificar la inasistencia. Ese certificado debe contener el
diagnóstico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo. La ley obliga al
trabajador a “someterse al control que se efectúe por el facultativo designado
por el empleador”. Y, en caso de discrepancia entre ambos diagnósticos, “se
podrá recurrir a una junta médica en institución oficial” o “o requerir
dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria”.
